Algunas tiendas de Cigarrillos Electrónicos ceden y pagarán 860 euros anuales a Yi Hu Wang Ji

El empresario de origen chino Yi Hu Wang Ji, quien ha patentado los diseños industriales de los cigarrillos electrónicos en España, ha llegado a un acuerdo con un grupo de franquiciadores y tiendas de este sector al firmar un contrato el pasado viernes, mismo que fue posible después de llegar a un acuerdo económico en el que se estipula la cesión temporal de los derechos para comercializar los cigarrillos electrónicos, con la primera asociación del sector de los cigarrillos electrónicos, la cual fue creada y es presidida por un empresario de Valencia, quien representa a 58 franquiciados de todo el territorio español, dicha asociación ya cuenta con solicitudes de adhesión de 25 marcas distribuidoras. Con este contrato Wang Ji, da autorización para que un sector minoritario de vendedores de cigarrillos electrónicos los comercialicen a partir de este momento, sin que eso incurra en hechos que vulneren su derecho exclusivo.

Fue el empresario valenciano Alejandro Rodríguez Marco, de la franquicia "Happy Smoky", quien impulsó la creación de la Asociación Española de Empresarios de Cigarrillos Electrónicos (AEECE), la cual cuenta con su inscripción en el registro del Ministerio del Interior desde el pasado lunes. El empresario ha admitido que la entrada en escena de Wang Ji y sus acciones de exclusividad obligaron a "acelerar los trámites para poner en marcha la asociación, algo que ya estaba fraguado pero que habría ido más despacio de no presentar esta coyuntura".

La aparición de Wang Ji quien es dueño de 18 tiendas multiprecio, en las que desde luego vende cigarrillos electrónicos, ha hecho convulsionar al sector, que se encuentra dividido por el momento. Hay algunos que consideran que el empresario chino y su idea de conseguir la exclusividad de las ventas, mediante el registro de 137 productos al principio y que ahora ya suman 180 certificados acumulados a su favor en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP), podría considerarse estar al borde de un intento de monopolio y que la forma en que irrumpió en el sector fue coactiva. Estos son los que no han accedido al acuerdo económico con Wang Ji, sino que han dado ya los primeros pasos para llevarlo a los tribunales. Otros en cambio han apostado a no atender a sus requerimientos que incitan a suspender la venta directa y prefieren dejar pasar el tiempo y estar a la expectativa del desenlace de este asunto.

La tercera vía de acción ha sido la llevada a cabo por el presidente de la AEECE la cual está enfocada al consenso y la creación de acuerdos al firmar un contrato con Wang Ji, mismo que entra en vigor en cuanto se hagan efectivos los primeros pagos. Alejandro Rodríguez Marco defiende la idea de que "es indudable que este señor se ha hecho con los diseños industriales a través de un organismo oficial y que, mientras no haya pronunciamiento administrativo o judicial en contra, está en su derecho de ejercer la exclusividad, por lo tanto nosotros hemos preferido firmar para obtener la cesión de ese derecho y poder seguir vendiendo sin problemas nuestro producto".

Afirma que "más vale un mal acuerdo que un buen juicio" y declara que, al tratarse de una asociación de empresarios han conseguido "un acuerdo económico mucho más ventajoso de lo que planeaba este señor en un primer momento". La propuesta que hizo Wang Ji hace tres semanas de cobrar 250 euros por tienda de manera mensual ha mejorado para los empresarios del sector al bajar a 95 euros por mes "para nuestros asociados, precio que aún puede ajustar más si incrementamos el número de empresarios en nuestras filas", dijo Rodríguez Marco, quien además insiste en que "el sentido últimos de la asociación no es firmar, esto sólo ha sido resolver el problema más inmediato. La asociación nace para dar mayor control al mercado, aumentar las garantías de los que nos dedicamos a esto y defender nuestros intereses".

"Este acuerdo con el señor Wang Ji, supone a cada tienda pagar 860 euros anuales, que es como un seguro, y nos permite seguir vendiendo sin estar pendientes de si la Guardia Civil nos precinta un establecimiento o si un juzgado nos paraliza el género. Creemos que es un modo de dar tranquilidad al sector y al franquiciado. Yo tengo familias que lo han invertido todo para abrir una tienda y he contraído una responsabilidad con ellos. No me puedo permitir que ahora tengan que cerrar. Hay personas que han invertido todo el dinero del paro o que han pedido préstamos personales, y no les puedo fallar", puntualizó Rodríguez Marco.

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